Esta es una carta abierta a las autoridades, líderes de opinión, parlamentarios, cotizantes de sistema
público y privado:
Con el mayor respeto a la máxima magistratura, en mi condición de ciudadana cotizante de
Isapre y experta en políticas públicas del sector salud considero relevante aportar con datos,
para encontrar un camino de solución viable a lo que vivimos como ciudadanos libres de
elegir de forma democrática qué tipo de salud queremos para cada uno y nuestras familias.
Hoy vivimos un momento crítico donde más que defender al sector privado o público,
queremos abrir la conversación para encontrar el mejor camino para proteger la salud de
las personas.
La falta de diálogo en el caso de las isapres desbordó en un proceso de judicialización cuyos
hitos culmines son dos fallos de la Ilustrísima Corte Suprema, el primero sobre el proceso
de adecuación de los planes (rol 12.514 de fecha 18 de agosto de 2022) y el segundo sobre
la tabla de factores de los contratos de salud (rol 16.630 de fecha 30 de noviembre de
2022). Es importante agregar que el año 2022, ingresaron más de 660 mil recursos en las
distintas cortes de apelaciones del país. Si bien, la gran mayoría correspondió a adecuación
del precio base de los planes, alrededor de 70.000 (11%) fue por tabla de factores.
En cuatro años han sucedido hechos que más que aportar a la estabilidad del sistema,
generan incertidumbre. En el caso de la tabla de factores, el gobierno anterior por vía
administrativa pretendió dar respuesta al mandato del Tribunal Constitucional que, nueve
años antes, había declarado la inconstitucionalidad de los factores incorporados en las tablas
de los planes de salud. Esto mediante la circular 343 del año 2019.
Luego en el año 2021 se logró aprobar la ley 21.350 que construyó un indicador de costos,
quedando de esta forma el alza de precios base de las Isapre condicionada a este. Lo
anterior, en un esfuerzo por responder los requerimientos del poder judicial. Finalmente, el
año 2022 la Excelentísima Corte Suprema pronuncia los dos fallos definitorios que
modificaron en la práctica los límites de lo mandatado en la ley 21.350 y en la circular 343.
A mí juicio, un ejemplo de activismo judicial nunca visto en nuestro país.
En el caso de la circular 343 de la Superintendencia de Salud, esta surge para generar una
nueva y única tabla de factores con la intención de responder los considerandos del Tribunal
Constitucional. Esto lo hace eliminando las diferencias por sexo y reduciendo los tramos por
edad. Desde el 1 de abril de 2020 entra en vigor el documento que señala: «Las instituciones
de salud previsional deberán utilizar, para la totalidad de los planes de salud que
comercialicen, durante los próximos cinco años contados desde la entrada en
vigencia de las presentes instrucciones, la tabla de factores única que se indica…” El fallo
de la Corte Suprema extiende el alcance de la circular 343 a todos los planes vigentes
sin fecha de antigüedad y solicita a la Superintendencia que se implemente un
mecanismo de devolución de excedentes retroactivos, en el caso de existir diferencias a
favor del cotizante.
Actualmente el 70% de los cotizantes permanece en los planes antiguos, toda vez que
siempre se tuvo por descontado que en nuestro país existe libertad contractual y el cambio
a las nuevas condiciones no podría ser impuesta a los cotizantes, pues esta acción corría un
riesgo real de judicialización. Desconozco si la Superintendencia de Salud consideró la
necesidad de ir adecuando en forma gradual toda la cartera de las Isapres a la nueva tabla
de factores en un proceso voluntario.
¿Por qué desde esta vitrina alzamos la voz? Porque esta decisión unilateral de aplicar la
nueva tabla de factores a toda la cartera de una sola vez y en forma retroactiva no consideró
las decisiones personales de cerca del 90% de los cotizantes. Además, la potencial quiebra
de las empresas gatilla la desprotección total de los beneficiarios.
Los cotizantes seremos los más afectados si el llamado “colapso del sistema” se hace
realidad. Esto por varios motivos: las devoluciones mandatadas no serán efectivas pues el
patrimonio de las Isapres no será suficiente para su cumplimiento; el término de los
contratos nos dejará en la indefensión frente a la negociación que el Estado realice con los
prestadores que puedan sobrevivir a la deuda de arrastre y, por último, los cotizantes
habremos perdido la libertad de elegir el sistema de salud al cual acogernos, amparado hoy
en la constitución política de nuestro país.
Estamos en un delicado punto de inflexión que espero podamos resolver con realismo, ya
sea aplicando la sentencia del máximo tribunal de forma tal que permita la sustentabilidad
de las empresas en lo inmediato o bien preparándose para en el cortísimo plazo recibir en
forma efectiva a todos los afiliados en el sistema público, sabiendo que el sistema público
no está en condiciones de acometer tamaña tarea.
Ya no se trata de salvar una industria como se ha querido caricaturizar, se trata de proteger
y sobre todo respetar la voluntad de los chilenos que hemos elegido estar en Isapre, que a
pesar de sus dificultades nos mantenemos en ellas y deseamos que se realicen las reformas
que fortalezcan también la salud pública de nuestro país.
Quienes estamos en Isapre también somos chilenos, trabajadores y pacientes con
enfermedades complejas y adultos mayores que sentimos que hoy tenemos algo de
protección en un Chile que ha olvidado poner al Estado al servicio de las personas y su
derecho a elegir.
Como líder del movimiento ciudadano Salud Libre me pongo a disposición para apoyar en
la búsqueda de una propuesta viable que nazca del diálogo y de la real protección de los
cotizantes de ambos sistemas.
Invito a que seamos capaces de abrir una discusión que realmente integre ambos sistemas
en pos de aprovechar lo bueno de estos 30 años, eliminado de esta conversación el
atrincheramiento ideológico que tanto daño ha causado y poniendo la salud en el lugar de
relevancia de una política de Estado.
Esta crisis que amenaza con ser un problema mayor para todos sin distinción solo será
resuelta bajo los términos de la política, pero de la buena política, la que construimos todos.
Victoria Beaumont Hewitt
Directora Ejecutiva Fundación Politopedia
Movimiento Ciudadano Salud Libre
